La justicia porteña y el Vaticano

El titular del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Gallardo, formó parte del encuentro constitutivo del Comité Panafricano de Jueces y Juezas Franciscanos que se realizó en el Vaticano en diciembre último. Así lo hizo saber IJudicial, órgano de información y difusión del Poder Judicial de la Ciudad.

En declaraciones a esa agencia, el magistrado señaló que “fue el propio Santo Padre [Jorge Bergoglio] quien con su presencia y su rúbrica firmó el Acta Constitutiva, lo que ratifica el aval del Vaticano en la iniciativa”. Gallardo, que preside el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, anunció asimismo que a mediados de este año “los dos comités continentales de América y África confluirán en una reunión en la sede de la Academia Pontificia de las Ciencias para coordinar estrategias comunes”, y mencionó “el camino hacia la conformación de una herramienta global de la magistratura”.  

Todo empezó el 4 de junio de 2018, cuando, con la participación de numerosos magistrados porteños, pertenecientes en su mayoría al fuero Contencioso Administrativo y Tributario, se realizó en el Salón Auditórium de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y organizada por esta última y la Pontificia Academia de Ciencias con sede en el Vaticano, la Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana.

El Comité Organizador estuvo integrado por el arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia; el juez Gallardo y el asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en el referido fuero, Gustavo Moreno.

A su vez, conformaron el Comité Académico Permanente la presidenta del Tribunal Superior, Inés Weinberg de Roca; el titular del Ministerio Público de la Defensa, Horacio Corti; los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones, Carlos Balbín y Fabiana Schafrik; el titular de la Sala II, Esteban Centanaro, y la defensora general adjunta, Graciela Christe.

Además de los nombrados, participaron de la actividad, que fue declarada de interés por el Consejo de la Magistratura y el Centro de Formación Judicial, el consejero y juez Darío Reynoso, las juezas Cecilia Mólica Lourido, Elena Liberatori y Alejandra Petrella; el juez Francisco Ferrer, la defensora ante la Cámara de Apelaciones Nº 2, Mariana Pucciarello, y la asesora tutelar Mabel López Oliva, entre otros, así como sacerdotes y referentes sociales cercanos a la Iglesia Católica, como Juan Grabois, Eduardo Murúa y Gustavo Vera.  

Un año después, más precisamente el 3 y 4 de junio de 2009, se realizó en el Vaticano la primera Cumbre Panamericana de Jueces y Juezas sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, a la que asistieron más de cincuenta magistrados del continente, incluidos aproximadamente veinte de nuestro país, de entre los que se destacó la presencia del ex integrante de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.

Este expresó en su discurso, entre otras cosas: “La tradición filosófica católica es más bien realista, está más cerca de Aristóteles que de Platón, pero nosotros [los juristas] tratamos de volvernos para el lado de Platón y a las ideas puras, al normativismo, etcétera, y de repente creemos que el derecho y la jurisdicción son omnipotentes, y no: omnipotente hay uno solo, ni el derecho ni la jurisdicción son omnipotentes, tenemos límites”.

Y enfatizó: “Mentira que podemos ser neutrales, mentira que podemos ser imparciales; imparciales individualmente no podemos ser. Como decía un jurista católico, no puedo ser imparcial porque soy parte de la sociedad”.

Según informó IJudicial, la delegación de la justicia porteña tuvo como protagonistas y expositores al juez Gallardo en la primera jornada y a los camaristas Balbín y Schafrik en la segunda. “Que juntos seamos capaces, inspirados en la palabra y la coherencia del papa Francisco, de ser la levadura para fermentar el cambio en nuestros respectivos sistemas judiciales”, invocó Gallardo, en tanto que Balbín llamó a reconstruir el derecho en términos franciscanos.

Las palabras de cierre, previas a la entrada de Bergoglio, también estuvieron a cargo de Gallardo, quien leyó asimismo el Acta Constitutiva del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, que se formó de resultas de esas jornadas.

Finalmente hizo su entrada Bergoglio, en cuyo discurso, entre muchas otras cosas, previno contra el lawfare, término que, como se sabe, empleó meses después la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, durante su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública de Santa Cruz.

De acuerdo con la agencia noticiosa Vatican News, el jefe de la Iglesia Católica “manifestó su preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales, conocido como lawfare, en español ‘guerra jurídica’, la cual además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizada para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales”.

Así las cosas, el Comité Panamericano fijó como sede permanente a la Ciudad de Buenos Aires, en las oficinas de la Pastoral Social de la Arquidiócesis porteña, y procedió en septiembre último a presentar formalmente su “Capítulo Argentino”.

Lo hizo en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho y, según manifestó Gallardo, ese lanzamiento constituyó “la ratificación de la voluntad de un importante conjunto de magistrados del país de congregarse y comprometerse bajo la inspiración del papa Francisco y su visión del mundo actual”.

A juzgar por el número y jerarquía de los asistentes, el lanzamiento fue un éxito. Ocuparon el estrado, junto a Gallardo, el camarista Carlos Balbín, coordinador del Capítulo Argentino, y el arzobispo Sánchez Sorondo, y asistieron el vicerrector de la UBA y consejero de la Magistratura nacional, Juan Pablo Mas Vélez, además de Zaffaroni y numerosos magistrados que conforman el Poder Judicial de la Ciudad, encabezados por Inés Weinberg de Roca. Asimismo, entre las muchas adhesiones, se destacaron las de la presidenta de la agrupación Justicia Legítima y recientemente designada interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y del titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, Sebastián Casanello, el juez más joven de Comodoro Py.  

Un mes después, la “liga de jueces papales” -como denominan a los magistrados del Capítulo Argentino quienes no comulgan con ellos- elaboró un documento, denominado Diez puntos para una justicia eco social, que fue enviado a los seis candidatos a la presidencia de la Nación, “con el propósito”, dijeron, “de aportar ideas sobre cómo se construyen y distribuyen los derechos en nuestro país, y cuál es el papel de los jueces en el marco constitucional vigente”.

En otro orden, el Capítulo Argentino realizará en marzo próximo una reunión plenaria en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, a la que, según se anunció, concurrirán más de doscientos magistrados de todo el país.

Para ello Gallardo viajó a la ciudad de Posadas, donde, después de reunirse con el nuevo gobernador, Oscar Herrera Ahuad, confirmó que esa provincia “será la anfitriona del encuentro nacional de juezas y jueces por los derechos sociales y la doctrina franciscana”.

Sin embargo, no todos están de acuerdo. En septiembre, a poco de la presentación del Capítulo Argentino, en el medio digital El cohete a la Luna, que dirige Horacio Verbitsky, la que tres meses después asumiría como titular del flamante Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, escribió que “actualmente, a pesar de la expresa separación de la religión y el derecho, nos encontramos con una intromisión de la Iglesia Católica en el ámbito jurídico, lugar que pasa a ser un terreno de disputa, tanto para instalar ciertas interpretaciones jurídicas, para legitimar algunas reivindicaciones y, sobre todo, para obtener una eficacia simbólica del derecho”.

Expresó también, entre otros conceptos, que “la idea de que una doctrina jurídica papal esté pensada y dirigida centralmente a magistrados y magistradas de nuestra región es aún más preocupante en razón de que nos encontramos en un momento de gran debilidad de los Estados nacionales y de los principios republicanos, lo que justamente facilita la inclusión de acciones más potentes de intereses parciales como este”.

Por último, exhorta a “no permitir que en los ámbitos académicos ni de la administración de justicia se desdibujen las líneas delimitadoras entre el derecho y la religión/moral”.