“El Plan Urbano Ambiental está vencido”

En el salón Presidente Perón de la Legislatura de la Ciudad Autónoma se realizó un acto durante el cual representantes del Observatorio por el Derecho a la Ciudad y de otras organizaciones anunciaron la presentación de una acción de amparo colectivo a fines de que se proceda a revisar y actualizar el Plan Urbano Ambiental.

La presentación fue suscripta por ciudadanos de las quince comunas porteñas, quienes sostienen que el Legislativo local  “avanza con la aprobación de un Código Urbanístico y de Edificación con un Plan Urbano Ambiental vencido, sin Modelo Territorial y sin Código Ambiental”.

El recurso fue interpuesto contra el Gobierno de la Ciudad y la Legislatura, con el objeto de que se declare la omisión ilegal de ambos poderes y del Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA) por no haber sancionado la actualización de ese Plan, y se les ordene que inmediatamente inicien el procedimiento de su revisión y actualización, estableciendo el plazo máximo de un año para su aprobación, y que garanticen la participación ciudadana en el diagnóstico, revisión y actualización de su contenido.

Invocan en este último sentido el principio de la mayor amplitud de actores en la discusión y decisión del planeamiento de la ciudad, el principio pro participación, el de la más amplia difusión y el de respeto de la democracia comunal.

Durante el acto, el principal referente del Observatorio, Jonatan Baldiviezo, aludió en primer término a los códigos Urbanístico y de Edificación que, dijo, “están discutiendo sin tener una planificación acorde a la realidad actual de la ciudad de Buenos Aires”.  

Precisó que “tenemos una planificación que todos sabemos vencida” y que está “concentrada en el Plan Urbano Ambiental, construido en base al diagnóstico de los años 90, es decir que desde los años 90 hasta ahora no hubo un diagnóstico de la planificación de la ciudad”.

“A eso le sumamos”, prosiguió, “que nunca se aprobó el Modelo Territorial, que es completar ese planeamiento de la ciudad espacialmente en los mapas, y no se ha votado en estos veinte años el Código Ambiental de la Ciudad”.

En ese contexto, observó que “el Gobierno había avanzado sin tener todas las herramientas y sin tener la planificación, y por tanto no correspondía ni era oportuno avanzar con estos códigos porque justamente iban a establecer propuestas que no eran acordes con las necesidades de los porteños, que es lo que terminó pasando, porque estos códigos están diametralmente opuestos a lo que necesitamos y venimos reclamando en estos últimos quince años”.

Y refirió: “En esta dirección, la idea que surgió fue acudir a la Justicia, ya que el Poder Ejecutivo y la Legislatura no nos escuchaban cuando decíamos que queríamos conversar y rediscutir la planificación de la ciudad y teníamos que rediscutir el diagnóstico, y además, cuando les decíamos que en el Código Urbanístico necesitábamos incorporar cuestiones que tienen que ver con el espacio público, con el espacio verde, con los servicios públicos y con la actividad productiva, nos decían que no correspondía, que los códigos urbanísticos no estaban para eso”.

Así, sintetizó: “Por una parte, no aceptaban discutir la actualización del Plan Urbano Ambiental, y tampoco nos dejaban tocar temas en la discusión del Código Urbanístico, cerrándonos las puertas y no dejándonos ninguna otra posibilidad que acudir a la Justicia”.

Explicó que “concretamente, la acción judicial es bastante simple, es decir a la Justicia que existe en la ciudad de Buenos Aires la Ley 71, que dice que el Plan Urbano Ambiental, una vez aprobado, debe actualizarse cada cinco años, y que se aprobó en el año 2009 y debió actualizarse en el año 2014, hace cuatro años, y que se encuentra desactualizado a nivel normativo”.

 En lo que “a nivel de la política urbana” se refiere, remarcó: “Para nosotros, ese Plan Urbano Ambiental está desactualizado casi veinte años, que han sido los años en que se ha triplicado la cantidad de habitantes que viven en villas, se ha duplicado la cantidad de familias que alquilan en la ciudad, donde uno de cada seis porteños tiene problemas habitacionales, donde se ha producido la pérdida o el sacrificio de la mayor cantidad de metros cuadrados de espacios verdes (hemos perdido parques enteros) y donde la regulación del mercado inmobiliario ha sido sin ningún tipo de restricciones y se ha producido la mayor cantidad de construcción de metros cuadrados”.

Estimó que a “toda esa realidad que ha pasado en estos años, la planificación que se encuentra en el Plan Urbano Ambiental no tuvo forma de preverla o de considerarla, justamente porque fue pensada con el diagnóstico de los 90”, señaló que “uno ve el diagnóstico que está incorporado a la ley del  Plan Urbano Ambiental y no se menciona que sea una problemática de la ciudad la cuestión de los inquilinos o la cuestión de la venta de tierras públicas, cuando hemos vivido la mayor privatización histórica de tierras” e insistió en que “normativamente, el Plan Urbano Ambiental está vencido”.   

Finalmente, destacó que “hace veinte años que la ciudad no se ha pensado seriamente a sí misma, y todos estamos viviendo las graves consecuencias de que no nos pensemos y que la planificación de la ciudad esté únicamente orientada,  manejada y manipulada por los grandes empresarios inmobiliarios”, y remarcó que “ese es el sustento y el fundamento de la acción judicial”.