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 21 de junio de  2018
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8 de diciembre de 2012

EL 7-D

Repercusiones en la ciudad

Por Haydée Breslav


Como era de esperar, la resolución de la Cámara en lo Civil y Comercial que amplió la medida cautelar en favor del grupo Clarín tuvo fuertes repercusiones en los distintos segmentos del arco político porteño.


Mauricio Macri: “Los jueces recogieron el mensaje”

El jueves 6 de diciembre por la noche, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, concurrió a un canal de noticias donde, después de haberle formulado distintas preguntas relativas a su gestión, se le pidió una opinión sobre la resolución de la Cámara.

“Seguí de cerca el tema permanentemente, y creo que también estuvo en la agenda de todos desde el 13-S y el 8-N”, comenzó diciendo Macri, quien estimó que “los jueces recogieron el mensaje” de lo que ocurrió en esos días, del cual eran “los segundos” destinatarios. “El primero era la presidenta”, señaló.

Expresó luego que el ex presidente Néstor Kirchner y la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, han intentado “replicar lo que hicieron en Santa Cruz”, donde “anularon la independencia de poderes y la libertad de prensa y tuvieron el control económico de la provincia”.

Manifestó en ese sentido que “han avanzado exitosamente, en muchos campos, en algo que va contra la República, junto a un grupo de gente que se ha ido sumando y se ha identificado con una agenda de la reivindicación que no tiene nada que ver con la que nos plantea el mundo, y esconde un enorme miedo al futuro”.

Afirmó que “se disfrazan de revolucionarios, pero en realidad son conservadores que quieren maniatar a toda la sociedad, y que nadie tenga la capacidad de debatir y de discutir”.

“Como la mayoría piensa lo contrario, esa mayoría se va imponiendo y eso es lo que pasó en el día de la fecha y va a seguir sucediendo en el futuro”, concluyó.

Los kirchneristas prefieren twitter

A su vez, destacados dirigentes del kirchnerismo porteño prefirieron dar a conocer sus pensamientos a través de la red social twitter.

Así, el senador nacional por la Ciudad del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, quien fue dos veces candidato a jefe de Gobierno, expresó en sendos tuits los siguientes conceptos:

“En el Senado la Ley d Medios se votó 44 a 24. Las fuerzas q la aprobaron sumaron el 75% d los votos en las últimas elecc. Por q no se aplica?”

“Cuánto tiempo es nec para definir si una Ley es Constitucional? 3 años me parece suficiente. La corte pidió terminar con las cautelares”.

“La Cámara más cuestionada ahora cuestiona a la Corte. Los dos jueces de la Cámara Civil apoyaron la estrategia de Clarín”.

Curiosamente, a la diputada kirchnerista de la Ciudad María José Lubertino, conocida por su copiosa producción de tuits, el tema sólo le inspiró el siguiente: “Aunque la estiren, la Ley es ley!”

Mucho más prolífica se reveló su colega Gabriela Cerruti; de entre los de su cosecha, espigamos los que a continuación pueden leerse:

“Per saltum. Corte, jugate”.

“Una cámara desconoce al congreso, al ejecutivo y a la corte. No hay gravedad institucional?”

“Una Cámara comprada por Clarín falla a favor de Clarín. Todo para demorar unos días algo que inexorablemente llegará. Tanto gasto para nada”.

“Habría que pasar en cadena nacional lo que están diciendo frente a la SIP. Así somos cada vez más y más convencidos! Qué asco dan”.

“Cómo fue que la Corte pudo decidir en horas la presentación por el aborto no punible y ahora no puede con la cautelar?”

Claudio Lozano: “El camino es uno solo”

“La actitud del Gobierno nacional y la resistencia del Grupo Clarín al contenido desmonopolizador del artículo 161 producen un único resultado: incumplimiento y tergiversación del mandato democratizador de la ley de medios”, sostuvo el diputado nacional por la Ciudad Claudio Lozano, presidente del bloque Unidad Popular y del partido Buenos Aires para Todos.

Aseguró que “el camino es uno solo”, y enumeró sus distintas etapas: “Primero, la Justicia debe resolver de una vez por todas la controversia planteada por el Grupo Clarín respecto al artículo 161. Segundo, el Gobierno debe acatar los fallos judiciales. Tercero, el AFSCA debe avanzar seriamente en todos los aspectos no judicializados de la ley de medios”.

Lozano estimó que, en cuarto lugar, el nombrado organismo oficial “debe revisar el carácter sesgado de sus intervenciones que conllevan una expresa tergiversación de la ley votada por el Parlamento Nacional”. En ese sentido, consideró “inadmisible que se pretenda ocultar el papel dominante del Grupo Telefónica en el Sistema de Medios” y opinó que “resulta absurdo validar que los grupos empresarios puedan adecuarse a la ley por la vía de transformarse en empresas independientes controladas por amigos, parientes, testaferros o funcionarios históricos de los mismos grupos empresarios”.

El diputado puso en quinto y último término que “el AFSCA debe concentrarse en la tarea de presentar el plan técnico”, de “realizar el censo de emisoras”, y de “promover el uso del 33% del espectro por parte de las organizaciones de la comunidad” y “el desarrollo de un verdadero multimedios público (y no gubernamental) que coadyuve a la efectiva democratización de la información.”

Julio Raffo: “Yo acuso”

Por su parte, el diputado de la Ciudad Julio Raffo, presidente del bloque de Proyecto Sur, difundió un texto tan vehemente como conceptuoso que, emulando a Émile Zola, tituló Yo acuso.

“Acuso al ministro Julio Alak de actuar ante el Poder Judicial de la Nación como un operador chicanero que tiene, como único propósito, el impedir que exista un pronunciamiento conforme a Derecho en el caso Clarín", expresa en primer término el legislador en ese documento.

Se refiere seguidamente a “la recusación serial de los Magistrados”, que en su opinión “expone, una vez más, que la prepotencia ilegal es la única ‘razón’ que se esgrime desde el Poder Ejecutivo”.

Asimismo, observa que “el considerar que la extensión de una mera medida cautelar configuraría un ‘alzamiento institucional’ pone en evidencia un deliberado desconocimiento de la independencia del Poder Judicial y un atentado contra ella”.

“Por todo ello”, manifiesta que el referido funcionario “carece de la idoneidad institucional y moral para seguir siendo ministro”.

A continuación, en sendos párrafos, acusa a las autoridades del AFSCA y a las del INCAA “de estar incursos en el delito de incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos”, y enumera las muchas y diversas razones en las que funda esa acusación.

“Todas estas irregularidades se cometen bajo la dependencia, tolerancia o instigación de la Presidenta de la Nación”, sostiene luego, y exhorta: “Entienda la Presidenta de la Nación que, por su juramento, se comprometió solemnemente a respetar y hacer respetar la Constitución Nacional y las leyes de la Nación”.

Por último, pone de relieve que “seguir apañando esos incumplimientos y esos atropellos agravia la normal convivencia de los 40 millones de argentinos y el normal funcionamiento de nuestras instituciones”.

Gabriel Solano:
“Por qué fracasó el 7D”
Con este título, el dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, y ex candidato a diputado por la Ciudad, escribió a nuestro pedido un comentario donde empieza por explicar que “el fracaso del 7D fue dictado por los límites de la política oficial”.

En sus palabras, “la ley de medios que debía aplicarse plenamente desde esta fecha nunca tuvo como propósito democratizar la palabra ni asegurar la libertad de prensa”, ya que “por su propia naturaleza, siempre se trató de una ley capitalista, que establece un nuevo reparto del mercado audiovisual entre los grupos económicos” y “para el kirchnerismo es una vía para golpear a un ex aliado como Clarín y favorecer a ex adversarios como el grupo Vila-Manzano”.

Y observa que “detrás del negocio, el gobierno quiere monopolizar un discurso ante la población, que frene el retroceso de un régimen basado en el arbitraje personal de CFK”.

A su juicio, de esta experiencia se desprende que “la democratización de los medios de comunicación es incompatible con su actual condición de empresas capitalistas”, incompatibilidad que “se extiende al manejo de los medios por parte de la camarilla gubernamental, que los reduce a órganos de propaganda del oficialismo de turno”. Y advierte de “la regimentación de la actividad de los trabajadores periodistas” en medios privados y públicos.

Finalmente, asegura que “una verdadera democratización de la palabra y la información requiere que los medios de comunicación sean declarados de propiedad pública, y su gestión a cargo de las organizaciones del arte, la cultura, la política y la vida social en general”, lo que constituye “una tarea de un gobierno de los trabajadores”.

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