Y el fiscal no fue al Congreso

Traedme el caballo más veloz –pidió el hombre honrado–. Acabo de decirle la verdad al rey.

MARCO DENEVI,

Veritas odium parit

“Decía el ex presidente argentino Carlos Menem que ‘nadie [se] muere la víspera’. Eso es exactamente lo que le ha sucedido al fiscal Alberto Nisman, encontrado sin vida en su domicilio, con un tiro en la sien, horas antes de una prevista comparecencia ante el Congreso para explicar las graves acusaciones que hizo la semana pasada contra la presidenta Cristina Fernández y su ministro de Exteriores, Héctor Timerman. Es precisamente el carácter de los cargos contra la jefa del Estado –el encubrimiento de la responsabilidad de Irán en el peor atentado de la historia argentina­– lo que obliga a la máxima prudencia, pero también exige la máxima celeridad, para aclarar una muerte que se añade a uno de los episodios más negros de la historia reciente del país sudamericano”.

Así comenzaba su editorial, titulado “Muerte en Argentina”, el matutino El País, de Madrid, en su edición del 20 de enero último.

Por un momento llegamos a pensarlo, mientras una inesperada brisa aliviaba esa larga y caliginosa noche del domingo 18; en seguida descartamos la idea por fantasiosa y aventurada. Nos equivocamos: a esas horas el nombre de Alberto Nisman, fiscal general, titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado contra la AMIA, ya había ingresado en la larga lista de magnicidios de la historia argentina.

Damian Pachter, un joven periodista del Buenos Aires Herald, fue quien dio la primicia. “Encontraron al fiscal Alberto Nisman en el baño de su casa de Puerto Madero sobre un charco de sangre. No respiraba. Los médicos están allí”, escribió en su cuenta de Twitter en la madrugada del lunes 19.

(Cinco días después, Pachter salió del país; previamente había denunciado amenazas para que revelara su fuente, así como persecuciones. De hecho, la agencia gubernamental de noticias Télam difundió información privada y confidencial sobre el vuelo del periodista, que le fue suministrada por Aerolíneas Argentinas y replicó la cuenta oficial de la Casa Rosada en Twitter).

Primeras reacciones

La noticia conmocionó a la opinión pública. “Lo que sentí esta madrugada cuando me enteré de la noticia es lo que nos debe estar pasando a todos: pasé del momento del shock a la indignación y a la bronca, y me dije ‘cómo puede ser que la violencia esté ganando de vuelta la vida pública argentina’”, contó esa misma mañana, en conferencia de prensa, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, después de expresar su solidaridad y condolencias a la familia Nisman.

Con rasgos que acusaban la tensión de esas horas, el alcalde porteño prosiguió: “Por eso, hoy es tan importante que la Justicia actúe en forma independiente, rápida y contundente para decirnos qué pasó con la muerte del fiscal”. Advirtió que “si esta muerte termina en más impunidad es un desastre para el futuro institucional de nuestro país”.

Por su parte Sofía Guterman, quien perdió a su hija Andrea en la voladura de la AMIA, expresó: “Fue una conmoción total, tremenda, al enterarme del fallecimiento del fiscal. Primero porque hablamos de la pérdida de una vida. Nosotros sabemos muy bien lo que eso es y lo que significa la muerte, y una muerte violenta como esta. Hoy detonó nuevamente la bomba y tenemos la víctima 86 del atentado”.

Bajo las consignas “Yo soy Nisman” y “Todos somos Nisman”, la ciudadanía, a través de las redes sociales, comenzó a autoconvocarse para manifestar su repudio a la muerte del fiscal y exigir su esclarecimiento.

A partir de las primeras horas de la noche, miles de personas, enarbolando banderas argentinas con crespones negros, portando fotos de Nisman y pancartas con leyendas alusivas, golpeando cacerolas y batiendo palmas pero mayormente en silencio, salieron a la calle en distintas ciudades del país.

En la de Buenos Aires, los principales lugares de concentración fueron la Plaza de Mayo y la esquina de las avenidas Cabildo y Juramento, del barrio de Belgrano; también se observó mucha presencia de manifestantes en las intersecciones de la avenida Santa Fe con la de Callao y la de Pueyrredón. A su vez, los vecinos de Caballito se congregaron en la esquina de Acoyte y Rivadavia, los de Villa Urquiza en la de Olazábal y Triunvirato y los de Villa Crespo en la de Corrientes y Scalabrini Ortiz.

¿Suicidio u homicidio?

Poco después de conocerse la muerte del fiscal, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, no dudó en sentenciar: “Todos los caminos conducen a un suicidio”. En el mismo sentido se manifestó la fiscal de turno a cargo de la investigación, Viviana Fein.

La población tenía su propia opinión. En una encuesta realizada ese mismo día en la ciudad y el conurbano por la empresa Ipsos Mora y Araujo, el 70% de los consultados consideró que el fiscal fue asesinado y tan solo el 18% se inclinó por la tesis del suicidio; el 12% restante optó por el socorrido “no sabe/no contesta”.

“A los que consideraban que fue un asesinato, les preguntamos si creían que se debía a algo instigado por el Gobierno nacional o por los servicios de inteligencia: el 56% dijo que por el Gobierno nacional, y solamente el 12% por los servicios de inteligencia, es decir que, en la cadena causal de considerandos, en la cuenta le da mal al Gobierno”, especificó en declaraciones radiales Luis Costa, director de la consultora.

El sondeo reveló asimismo que, preguntados sobre cómo evaluaban la denuncia del fiscal, el 82% de los consultados respondió que era creíble, y el 18% restante manifestó lo contrario. 

“Más del 80% de la gente considera que es creíble la denuncia de él contra la presidenta y contra el canciller, lo cual es un número altísimo, que no es común en una encuesta”, explicó Costa. “Prácticamente todo el mundo considera que son creíbles las denuncias”, resumió.

Durante todo ese largo día, la presidenta de la Nación guardó silencio. Vivo, Alberto Nisman había sido objeto de críticas y descalificaciones por parte del oficialismo; muerto, no se lo consideró merecedor de un día de duelo, la bandera siguió izada al tope y su familia no recibió una sola palabra de condolencia de Cristina Kirchner, quien recién a la noche publicó una extensa carta en su cuenta de facebook, en la que empezaba por abonar la teoría del suicidio. “¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida?”, se preguntaba.

La mañana siguiente, la fiscal informó del peritaje realizado para hallar restos de pólvora en las manos del fiscal. “Lamentablemente, dio negativo”, dijo. Esas palabras causaron revuelo en la red social Twitter, cuyos usuarios calificaron al adverbio de acto fallido. 

Ese fue solo el principio de una serie de marchas y contramarchas que han caracterizado a la investigación llevada adelante (es un decir) por esta funcionaria judicial. Al respecto, el secretario general del gremio de Judiciales, Julio Piumato, estimó: “Lo que está esperando la ciudadanía es que, sea poca o mucha información, sea precisa y no esto donde dice una cosa y después se desdice. Esto genera más la sensación de que hay gato encerrado”.

Lo cierto es que al cierre de esta edición la pesquisa no había logrado avances significativos.

La denuncia

Ese martes 20, el Centro de Información Judicial, agencia de noticias del Poder Judicial dependiente de la Corte Suprema, publicó en su página web el texto completo de la denuncia presentada por el fallecido fiscal.

Se trata de un texto extenso (consta de 290 páginas) y de no fácil lectura, en el que Nisman, como “representante del Ministerio Público Fiscal a cargo de la Unidad de Investigación de la causa AMIA”, denuncia ante el juez Ariel Lijo “la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina, con competencia en el caso”.

Entre muchas otras cosas, la denuncia advierte “sobre la inaudita gravedad institucional de la maniobra que se denuncia, pues a través del plan criminal no solo se intenta destruir la investigación judicial del mayor atentado terrorista que ha sufrido nuestro país, sino que en la ideación, planificación e instrumentación del delito han participado algunas de las más altas autoridades del gobierno nacional, incluyendo la cabeza del Poder Ejecutivo” (pág. 268).

Dos páginas después puede leerse “que el plan pergeñado por Cristina Fernández de Kirchner incluyó el cese de las notificaciones rojas de Interpol –inesperadamente frustrado por el firme accionar del secretario general Ronald K. Noble–, la firma de un documento jurídico bilateral con capacidad para viabilizar la impunidad de los acusados iraníes, el redireccionamiento fraudulento de la investigación judicial hacia una nueva pista falsa con pruebas inventadas, el desenvolvimiento de una campaña mediática y discursiva para horadar la credibilidad de las conclusiones de la justicia nacional y la manipulación de los familiares de las víctimas, de los sobrevivientes del atentado y de las instituciones comunitarias judías damnificadas por el ataque terrorista de 1994” (pág. 270).

Nueva carta y cadenas de la presidenta

El jueves 22 la jefa del Estado publicó una nueva carta, esta vez en su blog personal, en la que manifestó estar convencida de que la muerte del fiscal “no fue suicidio”. Afirmaba que “la verdadera operación contra el gobierno era la muerte del fiscal después de acusar ala presidenta” y que a Nisman “lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto”. Y aseguraba: “Hoy no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas”.

El drástico giro descolocó a sus adláteres, que debieron hacer contorsiones para seguir la línea serpentina que les bajaba la jefa, quien eligió el lunes 26, una jornada de calor agobiante, para hablar por cadena nacional.

Sentada en silla de ruedas, vestida de blanco hasta las uñas y calzando bota ortopédica, anunció un proyecto para disolver la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y crear otro organismo en su lugar. Desde prácticamente todos los sectores del arco opositor cuestionaron la iniciativa y la calificaron de “cortina de humo”; sin embargo, a favor de la mayoría oficialista, el proyecto avanza en el Senado.

Fue esa la primera aparición pública de Cristina Kirchner desde la muerte del fiscal, cuyo asistente Diego Lagomarsino –quien declaró públicamente haberle entregado el arma encontrada en el departamento de Puerto Madero– fue en la oportunidad el principal blanco de las acusaciones presidenciales, que lo sindicaron como “feroz opositor al Gobierno” y lo vincularon al grupo Clarín. Asimismo, la presidenta aludió varias veces a la “relación íntima” entre el asistente y su jefe.

Entierro y homenaje

El jueves 29 de enero, el fiscal general Alberto Nisman fue sepultado en el Cementerio Israelita de La Tablada. Su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado, dijo entonces: “Los que te conocemos sabemos que este final no fue una decisión tuya”. La magistrada, que se presentó como querellante en la causa que investiga la muerte de su ex esposo, agregó: “Tenemos la certeza de que fue obra de otras personas”.

El 6 de febrero, en conferencia de prensa, un grupo de fiscales, entre los que se encontraban el fiscal general Ricardo Sáenz y el ciudadano ilustre de Buenos Aires José María Campagnoli, acompañados por el dirigente gremial Julio Piumato, convocaron en nombre de la comunidad judicial a una marcha del silencio en homenaje a la memoria de Alberto Nisman, que se realizará el miércoles18, en ocasión de cumplirse un mes de su trágica muerte.

La iniciativa fue rápidamente criticada por funcionarios gubernamentales, a los que se sumó la jueza María Garrigós de Rébori, presidenta de la agrupación judicial Justicia Legítima, alineada con el Poder Ejecutivo, quien advirtió que la marcha “va a servir para saber quién está de qué lado”.

Por otro lado, han adherido y comprometido su asistencia los principales dirigentes de la oposición; también lo hizo el sciolista José Pampuro. Además, conocidos intelectuales como Beatriz Sarlo, Juan José Sebreli, José Luis Romero y Santiago Kovadloff, junto con el jurista Daniel Sabsay, entre otros, suscribieron una carta en la que convocan “a todos los ciudadanos argentinos”.

Anunció asimismo su participación el subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad y presidente del Museo del Holocausto, Claudio Avruj. Al cierre de esta edición la DAIA, a su vez, hizo saber su adhesión.

También se sumó el fiscal del histórico Juicio a las Juntas, Julio César Strassera, a quien le bastaron pocas y descarnadas palabras para describir la gravedad de la situación: “Acá hay nada menos que un fiscal de la Nación que acusa a la presidente, a su canciller, a un legislador y a algún otro funcionario y ex funcionario, y a los dos días aparece muerto”.