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Desde las Comunas 11 y 15 de la Ciudad de Buenos Aires
 21 de octubre de  2018
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Procesaron a Menem y a Cavallo

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dispuso el procesamiento del ex presidente y actual senador oficialista Carlos Menem, y confirmó el del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, por irregularidades en la venta del predio de la Sociedad Rural, efectuada el 20 de diciembre de 1991.

Según recordó la Asociación Amigos del Lago de Palermo, la causa correspondiente se inició por la denuncia presentada oportunamente por esa entidad ante el fiscal José María Campagnoli.

La transacción se oficializó por decreto presidencial (N° 2699/91) y el boleto respectivo contó con las firmas de Cavallo, por la parte vendedora, y las de Eduardo Zavalía y Juan Ravagnani, entonces presidente y secretario, respectivamente, de la Rural, por la parte compradora. La operación se concertó en 30 millones de pesos/dólares; tasaciones posteriores determinaron que el precio base era superior a los 131 millones.

La causa contra el ex presidente había sido declarada extinguida por la sala III de la Cámara de Casación Penal, pero en un fallo dictado a principios de febrero último la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia de Casación y envió el expediente al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento. En ese expediente se investiga el delito de peculado por la venta a precio vil del predio, que era propiedad del Estado.

En consecuencia, la Sala II de la Cámara Federal porteña volvió a procesar a Menem, confirmó el procesamiento de Cavallo y le encomendó al juez de la causa, Sergio Torres, que transitara “las fases necesarias para evaluar la elevación a juicio”.

La decisión de los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Fara incluyó a Zavalía y a Ravagnani, así como a los tasadores del Banco Ciudad Juan Insúa, Raúl Angelini y Ricardo Schapiro y a los del Banco Hipotecario Jorge Frost, Daniel Ivakhoff y Carlos Ratto. La Sala II procesó además a los integrantes de la entonces Comisión de Venta de Inmuebles Estatales del Ministerio de Economía, Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta.

En su fallo, los camaristas expresaron que “las pruebas reunidas indican que todos los imputados tomaron parte en una operación ideada conjuntamente, mediante la cual se sorteó la necesaria intervención del Congreso de la Nación –y de entes cuya opinión no fue requerida– y se acordó un precio vil para la enajenación”.

Y señalaron: “Puede afirmarse que Carlos Menem, Domingo Cavallo, Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta, dadas sus funciones específicas, tuvieron dominio del hecho, al ejecutar la maniobra ilícita pese a contar con información clara que les permitía obrar con arreglo a derecho”.

Amigos del Lago y Campagnoli

El 21 de mayo de 1999, la Asociación Amigos del Lago de Palermo denunció este estado de cosas ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 33, entonces a cargo del fiscal José María Campagnoli, secretaría de Ignacio Rodríguez Varela. En un extenso dictamen, aquel calificó a la operación de fraudulenta y de inconstitucional.

En comunicaciones anteriores, la Asociación informó de investigaciones de esos funcionarios judiciales que significaron “la documentación del saqueo de las tierras del Parque 3 de Febrero y los delitos cometidos por funcionarios varios”.

Destacó además “la participación de estos fiscales en lo atinente a la defensa irrestricta de las tierras públicas urbanas y de sus probadas denuncias sobre la connivencia de funcionarios de varios gobiernos, tanto nacionales como de la Ciudad, con bandidos privados”.

Y subrayó que “en total, directa o indirectamente, el accionar de estos fiscales entre 1994 y 2005 hizo que recuperáramos más de 10 hectáreas (103.000 metros cuadrados) de parque público”.

Como se sabe, en diciembre del año último el fiscal Campagnoli fue suspendido en sus funciones por investigar al empresario kirchnerista Lázaro Báez, y su equipo de colaboradores, incluyendo a Rodríguez Varela, trasladado a un archivo judicial.

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