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“La laicidad no se pone en duda”

“La laicidad no se pone en duda”

Mientras se espera la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el amparo promovido con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la norma que estableció la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en la provincia de Salta, el constitucionalista Torcuato Sozio, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), patrocinante y a la vez actora del juicio, explica los valores cívicos y éticos del laicismo, exhorta a ejercer el pensamiento libre y crítico y cuestiona al Estado permeable a las presiones de los factores de poder.  

Concluyeron recientemente las audiencias públicas convocadas por la Corte con relación a la causa en que se debate la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta. Fueron cuatro jornadas de las que participaron también, en carácter de amigos del tribunal, distintos expositores.

Puede decirse que esta historia empezó en 2008, cuando aún regía en todo el país la Ley N° 1.420, de educación común, laica, gratuita y obligatoria, y en Salta, durante el primer mandato del actual gobernador, Juan Manuel Urtubey. En esas coordenadas de tiempo y espacio se sancionó la Ley Provincial de Educación Nº 7.546, que dispone que la enseñanza religiosa integre los planes de estudios y se imparta dentro del horario de clase.

Según se denunció, esa normativa, entre otras cosas, transgrede el principio de igualdad y no discriminación, viola los derechos humanos a la identidad y a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, erosiona la convivencia democrática en la escuela y lesiona la privacidad de los niños y sus padres al obligarlos a expresar públicamente sus convicciones religiosas. Se advirtió también que, en los hechos, esa enseñanza se limita a la transmisión de contenidos sobre la religión católica. 

Fue así como, en 2010, un grupo de madres de alumnos de escuelas estatales salteñas, junto con la ADC, presentaron un amparo colectivo en contra del Ministerio de Educación de la Provincia, con el objeto de que se declarase la inconstitucionalidad de las normas que incluyen a la religión como materia obligatoria.

Aducían que “la enseñanza religiosa que se imparte actualmente en las escuelas de Salta restringe el derecho de las madres y de los padres a educar a sus hijos e hijas según sus convicciones” y que “esta situación es incompatible con el deber del Estado de respetar la neutralidad en el ejercicio de la función pública, en particular en el ámbito de la educación”.

Sin embargo, en junio de 2013 la Corte de Justicia de Salta confirmó la constitucionalidad de las normas cuestionadas, al “no evidenciarse que la educación en la religión católica apostólica romana en las escuelas públicas confronte con la Constitución Nacional” ni “con los tratados de derechos humanos”. 

Sostuvo también ese tribunal, respecto de la enseñanza de religión en los colegios públicos, que “la separación de los niños entre quienes reciben esa enseñanza y quienes no lo hacen, resulta razonable y no menoscaba el derecho a la igualdad”.

Los amparistas recurrieron entonces ante la Corte Suprema de la Nación, en busca de que declare la inconstitucionalidad de las normas de marras.

Mientras todo esto sucedía, en 2014 el Congreso Nacional derogó la histórica Ley 1.420. Este hecho motiva la pregunta que da inicio a la entrevista.  

–¿Ha influido en esta situación la derogación de la Ley 1.420?
–Si bien no hubo, en realidad, una derogación al principio constitucional ni a lo que establecen los tratados internacionales respecto de la libertad de culto, la implicancia de la derogación de la Ley 1.420 sí ha sido importante en abrir esta discusión, que también la abre el hecho, para nosotros completamente errado, de que la transferencia de escuelas a las provincias les da atribuciones que nosotros entendemos que no tienen, porque hay un sistema nacional de educación. Siempre doy el ejemplo de que si en la provincia de Salta se pone mayor énfasis en el estudio de Martín Güemes que el que se puede poner en otro distrito, eso está dentro del ámbito de posibilidades que tiene una provincia de diseñar modificaciones en sus planes de estudio; pero no entra en ese ámbito definir algo tan importante como si dar o no, de modo obligatorio, educación religiosa, que sería como definir si dar o no matemáticas o si dar o no física, que obviamente son cuestiones propias de un sistema nacional de educación. 

–¿Ve en esto un avance sistemático de la Iglesia católica sobre el sistema educativo?
–No, honestamente no lo veo específicamente como un avance. Creo que la Iglesia católica siempre ha sido un importante factor de poder en la Argentina, y obviamente el hecho de tener un papa argentino algún grado de influencia debe tener, pero nosotros creemos con mucha fuerza que esta es una Corte Suprema con integrantes cuyos valores profesionales y personales están fuera de toda discusión, y que tomarán una decisión de acuerdo con el marco regulatorio y con sus convicciones personales, pero nunca sujetos a ninguna presión. Pero sí creo que la Iglesia tiene una gran injerencia en este tipo de planteos, más en provincias como las del norte argentino, donde su fortaleza y presencia es aún mayor.

–La ley salteña, ¿trata de educación religiosa o de educación católica?
–La ley de educación salteña, sancionada en 2008, después de la Constitución de esa provincia, establece educación religiosa obligatoria; lo que pasa es que la tradición de la provincia de Salta es tan marcadamente católica que las implicancias de abrir esa posibilidad de educación religiosa terminan siendo prácticamente una vía directa hacia la educación católica.

–Pero cuando se sancionó todavía regía la Ley 1.420…
–Claro, lo que pasa es que lo que plantea centralmente la provincia en su defensa y en la audiencia que tuvimos ahora ante la Corte es que definir su currícula es una atribución que le es propia; entonces no van por el lado de la 1.420 sino más bien por el de la autonomía provincial.

–Se ha dicho que este es un debate que atrasa.
–Yo no tengo la menor duda de que es así, porque si de algo se enorgulleció la Argentina de la llamada Generación del 80, ya sobre finales del siglo XIX, fue de acentuar con firmeza la idea de una enseñanza laica, gratuita y obligatoria. El principio de laicidad es algo que los argentinos siempre reivindicamos, y si usted se fija en los últimos reportajes al nuevo ministro de Educación de la Nación, el doctor [Alejandro] Finocchiaro, verá que, contrariamente al actual senador electo, el licenciado [Esteban] Bullrich, reivindica claramente la laicidad. A nosotros nos satisfizo muchísimo que el máximo responsable de la educación a nivel nacional sostuviera con firmeza y sin ningún tipo de cortapisas la idea de que la educación en la Argentina debe ser laica, o sea que no puede ponerse en duda el principio de laicidad.

–Sin embargo, no hubo prácticamente reacción a la derogación de la 1.420.
–Me sorprendió, y creo que tiene que ver con que muchos pensaron –yo también lo pienso– que los tratados internacionales y la Constitución atenuaban el impacto de esa derogación; ahora creo que, de todas maneras, debimos haber sido mucho más contundentes, inclusive los gremios, quienes, si usted los consulta hoy, siguen hablando de la vigencia de la Ley 1.420; yo les atribuyo una confusión y a veces un insólito descuido. De hecho, en un programa de televisión en el que estuve mucho antes que se empezara a dar este debate, porque me llamaron por las declaraciones del entonces ministro Bullrich sobre el hecho de dar educación religiosa en las escuelas, un dirigente sindical decía “tenemos que mantenernos en el marco de la actual 1.420”, que es muy distinto que decir “mantenemos los principios rectores de la Ley 1.420”. Y creo que también hubiera sido buena una mayor presencia de los gremios en las audiencias públicas y que debieron haber sido mayores las presentaciones de amigos del tribunal a fin de mostrar unidad en cuanto a este tema.

–¿Cree que el tema se ha instalado suficientemente en la opinión pública?
–Creo que se ha instalado bastante; lo que pasa es que en la opinión pública algunos temas se instalan con fuerza y después caen en el olvido, pero de todas maneras nosotros estamos bastante conformes respecto de la difusión que se le dio a esta cuestión, más teniendo en cuenta que la Corte Suprema no tiene obligación de llamar a estas audiencias públicas: lo hace en casos muy excepcionales. En este, además, fueron cuatro jornadas, y que se hubiera convocado a más de cincuenta amigos del tribunal para dar su opinión también es excepcional. En cada una de esas jornadas hubo alrededor de veinte personas o instituciones representadas, y eso instaló este debate en los medios; sería conveniente que el tema no saliera de la atención del público. Evidentemente, el fallo de la Corte va a ser muy importante en ese sentido: creo que ahora el tema va a bajar en términos de presencia en la población, pero va a volver a levantar el día que el fallo salga, ojalá en el sentido que queremos.

–Algunos señalaron que las audiencias se realizaron en una sala presidida por un gran crucifijo…
–Yo coincido completamente en la enorme contradicción que eso entraña; por otro lado, un debate similar se está dando en Brasil sobre la laicidad o no de la enseñanza pública, también en la Corte, y también en ese tribunal hay una cruz del tamaño de la nuestra. Acá el tema es más trascendente aún, porque nosotros (la Asociación por los Derechos Civiles) iniciamos hace muchos años una acción judicial, pensando que efectivamente tiene que haber libertad de pensamiento en la Argentina, que es mucho más que libertad religiosa (esto también lo aclaramos siempre), y pedimos que se retiraran todos los símbolos religiosos de los edificios públicos. La Corte nos dio la razón, y por eso fue retirada una Virgen que había en la planta baja de Tribunales; sin embargo, todavía no hemos logrado que se retire ese crucifijo. Por cierto que si usted va a Canal 7, va a encontrar una Virgen que tiene un tamaño mayor que el de un ser humano; no es tan fácil lograr la ejecución de esta sentencia.

–¿Podría ampliar el concepto de libertad de pensamiento que acaba de mencionar?
–En primer lugar, el concepto de libertad de pensamiento está sostenido en un hecho central, que es la individualidad de cualquier ser humano y el respeto a sus convicciones individuales. Siempre decimos, tomando una frase del doctor [Roberto] Gargarella, que así como a nadie le pueden estar preguntando sobre su orientación sexual o su identidad de género, tampoco nos tienen que preguntar sobre temas que son propios a nuestra identidad y no afectan a otras personas; por tanto, el primer aspecto es que nadie nos puede imponer que declaremos nuestras convicciones, ni sexuales, ni religiosas, ni nada que tenga que ver con nuestra propia individualidad, en la medida en que no estemos perjudicando a terceros. Esto lleva, justamente, a que cuando nos hablan de la posibilidad de brindar las distintas religiones en las escuelas como una idea de apertura, decimos que esta no es una respuesta adecuada porque lo que necesitamos es que la religión en sí misma no entre en la escuela. Por eso sostenemos tanto el tema de la laicidad, porque la laicidad lleva a que un ateo, un agnóstico, un católico, un protestante, un judío, todos se sientan en una comunidad educativa y no, como surge de las posturas de la ministra de Educación de Salta, que puede haber un sector del grado que tiene educación protestante, otro que tiene educación católica, etcétera; nos parece que eso atenta contra un principio fundamental, que es que los niños estén todos en una misma aula, lo que nos parece central para una vida en comunidad.

–Por otra parte, ¿es posible separar la enseñanza religiosa del adoctrinamiento?
–Uno de los amigos del tribunal hizo un señalamiento muy interesante, y es que la materia de educación religiosa no tiene claros los contenidos. Cuando usted ve matemáticas, ve qué es lo que va a aprender su niño durante el año; cuando usted ve educación religiosa, no queda claro, así que ahí el docente lo llena con cualquier cosa y dentro de eso es muy difícil que no lo llene con un espíritu de catecismo.

–Esto me lleva a pedirle una reflexión sobre el pensamiento crítico.
–Me parece que está un poco en línea con lo que dijimos antes. Evidentemente, el pensamiento crítico es el que nos ha hecho crecer como sociedad, particularmente en la etapa democrática; es el que nos ha permitido entender cambios sociales como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género o el divorcio vincular, que muchos chicos no pueden creer que en la Argentina recién lo tengamos desde mediados de los 80, y las discusiones que debimos dar con la Iglesia católica para que se pudiera imponer… Todo eso tiene que ver con una sociedad que tiene un pensamiento libre y que puede discutir de modo crítico las distintas posturas. Uno puede ser abortista o antiabortista, puede estar a favor, o no, de determinadas cuestiones que analiza la bioética, pero lo importante es que la sociedad permita una libertad absoluta para el cuestionamiento y la discusión, que eso es lo que permite al hombre crecer. Me parece, además, que lo que ha hecho el pensamiento crítico es alimentar una sociedad tolerante: la Argentina es un país que tiene enormes deudas en términos de distribución de la riqueza y del bienestar de los ciudadanos, pero en términos de una sociedad más tolerante no cabe duda de que ha habido un notable progreso. Sin embargo, uno de los argumentos que dio el actual gobernador de Salta junto con muchas autoridades, y que expresaron también algunos expositores como amigos del tribunal, era que la mayoría del pueblo salteño es católica, cuando es basamento del sistema democrático atender a las minorías y no dejar que las mayorías las aplasten. 

–¿Y cómo evalúa usted ese argumento?
–No diría siquiera que es endeble: es un argumento completamente falaz. Yo compartí un programa de televisión donde se dijo que cualquier cuestión que tuviera un componente de decisión mayoritaria pasaba automáticamente a tener validez constitucional; uno lo oía y decía “esto y el autoritarismo extremo es lo mismo”, puesto que decir que porque una mayoría opina una cosa, eso se eleva a rango constitucional, es lo mismo que decir que las minorías no deben ser respetadas. Y dije, en otra oportunidad, que con que haya un hecho puntual que eleve el odio de la sociedad, al otro día habrá una enorme cantidad de argentinos que va a decir “pongan la pena de muerte”. 

–Volviendo a lo anterior, ¿qué opinión le merecen los subsidios del Estado a las escuelas religiosas?
–En realidad, si tengo que dar una opinión personal, mucho más allá de lo que soy como director ejecutivo, a mí no me gusta ni siquiera que el Estado subsidie a ninguna escuela de ningún credo: para mí, eso también va en contra de la libertad de pensamiento, y creo que en la reforma del 94 los convencionales constituyentes, justamente por lo que implica la Iglesia católica como factor de poder en la Argentina, no avanzaron de un modo más drástico en el principio de laicidad y de separación del Estado y la Iglesia y no tuvieron la audacia de sancionar una Constitución completamente laica, que nos hubiera evitado todas estas discusiones. Es más: podríamos estar mejor que con la Ley 1.420, que permite la enseñanza religiosa fuera del horario escolar; si hubiéramos tenido una Constitución completamente laica, la escuela nunca habría podido ser ámbito de enseñanza religiosa, ni obligatoria ni no obligatoria.

–¿A quién atribuye usted la principal responsabilidad de este complejo estado de cosas?
–Yo siempre digo que el problema no es la actitud que toma la religión, en este caso la religión católica; el problema lo tiene la política en no definir claramente su laicidad. Yo no critico a la Iglesia católica como factor de poder, critico al Estado presionado por un factor de poder, porque el Estado debe tener gobernantes que tengan la fortaleza de decir “entiendo la existencia de este factor de poder, pero me paro como Estado, como poder democrático, e interactúo, pero no me dejo presionar”. Por eso, a mí me preocupa mucho menos lo que hace la Iglesia católica en Salta que el hecho de que los gobernantes salteños sean permeables a las presiones. Estoy diciendo salteños, pero si hablamos de otras provincias le comento que uno de los amigos del tribunal, un docente, presentó un mapa donde están distinguidas aquellas que tienen normas y prácticas claramente religiosas y centralmente católicas, que son Tucumán, Catamarca y Salta; después hay provincias donde, si bien las normas no están manifiestamente a favor de la educación religiosa obligatoria, las prácticas son efectivamente de educación católica, y después otras, como la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, cuyas constituciones determinan explícitamente que la educación sea laica. Este mismo docente me mostró que en su escuela, días antes del debate y a raíz de este, habían retirado un crucifijo y puesto en su lugar un retrato de Sarmiento. “Le voy a hacer una demostración muy sencilla”, me dijo, y descolgó el cuadro: en la pared se veía, nítida, la marca que había dejado la cruz.

 

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