General Milani: iniciativas para su destitución

Desde distintos sectores del arco político se han lanzado iniciativas tendientes a lograr la destitución del jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general César Gerardo Milani.

En ese sentido, el diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Néstor Pitrola presentó un proyecto de resolución para repudiar el ascenso del militar al grado que actualmente ostenta, así como su nombramiento al frente del Ejército Argentino, y para reclamar al Poder Ejecutivo Nacional su inmediata destitución del cargo.

La iniciativa contó con el acompañamiento de las firmas de otros catorce legisladores (el artículo 120 del reglamento de la Cámara establece que ningún proyecto puede presentarse por un número mayor de quince diputados) pero muchos más anunciaron que se adherirán.

Los firmantes son, además de Pitrola, Pablo López (FIT); Nicolás del Caño (PTS); Mario Negri, María Gabriela Burgos, Jorge D’Agostino y Fabián Rogel (UCR); Margarita Stolbizer, Omar Duclós, Fabián Peralta y María Virginia Linares (GEN); Claudio Lozano (Unidad Popular); Alcira Argumedo (Proyecto Sur); Victoria Donda (Libres del Sur) y Graciela Villata (Frente Cívico Córdoba).

El proyecto se dio a conocer en una audiencia pública que se realizó en el Anexo del Congreso, y a la que asistieron, además de los diputados firmantes, Mirta Baravalle y Elia Espen, de Madres Línea Fundadora; Enrique Fukman y Carlos Lordkipanidse, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y representantes de otras organizaciones políticas y de derechos humanos. Hicieron llegar sus adhesiones Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y la CTA que orienta Pablo Micheli.

Los fundamentos

En los extensos y documentados fundamentos de su proyecto, Pitrola expresa en primer término que el nombramiento de Milani como jefe del Ejército y su reciente ascenso a teniente general constituyen “un agravio y atropello a la lucha que por casi cuarenta años vienen llevando adelante los organismos de derechos humanos y el movimiento popular argentino por el juicio y castigo a todos los responsables del genocidio”.

Se refiere seguidamente a las “contundentes y sólidas denuncias” realizadas por organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, y menciona “las que vinculan al ahora teniente general Milani con la desaparición en 1976 del conscripto Alberto Agapito Ledo, con el secuestro y torturas que sufrieran Ramón Alfredo Olivera y su padre en un centro clandestino de La Rioja, y con el secuestro del periodista riojano Oscar Plutarco Schaller”.

Y prosigue: “A ello se debe agregar la participación de Milani en el ‘Operativo Independencia’, que eliminó físicamente a gran parte de la militancia obrera y juvenil de la provincia de Tucumán; su paso como oficial de inteligencia por el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 con sede en La Rioja, que fue el epicentro de la represión en aquella provincia y donde funcionó un Centro Clandestino de Detención y, finalmente, su paso también por el Batallón de Inteligencia 601”. Señala además que “allí Milani compartió tareas de espionaje para el secuestro, tortura y desaparición de personas junto al actual titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, integrado también como Milani al supuesto ‘proyecto nacional’ que se pregona desde el Gobierno nacional”.

Después de otras consideraciones, afirma Pitrola: “No nos equivocamos si consideramos la designación de un represor de la dictadura al frente del Ejército como un punto final en la demagogia derecho humanista del Gobierno nacional y como un fuerte golpe a la lucha popular por el juicio y castigo a los asesinos, genocidas y represores de ayer y de hoy. Un gobierno que pasó de ‘descolgar el cuadro de Videla’ a designar a un acusado por genocidio como máximo exponente del Ejército deja claro que en vez de ‘defender los derechos humanos’, como lo ha venido diciendo con su doble discurso, los viola”.

A continuación, recuerda que “Milani es un oficial del Servicio de Inteligencia del Ejército, jefe de ese organismo, que además, por primera vez en la historia, conserva ambos cargos” y que “ese servicio de inteligencia está denunciado –como los servicios de inteligencia de la Policía Federal y de Gendarmería– por espionaje interno a las organizaciones de trabajadores, populares y políticas”, y precisa que “incluso, han reasignado partidas presupuestarias y le otorgaron a inteligencia del Ejército fondos adicionales ($1.325 millones de partidas extras), mayores que los que recibe la propia SI [Secretaría de Inteligencia] del Estado”.

“Se advierte claramente en el perfil de la designación”, observa, “una orientación política sobre el rol del Ejército en cuestiones internas, lo que junto a los antecedentes como represor de la dictadura, configura un claro peligro para la plena vigencia de las libertades democráticas”.

En ese sentido, pone de manifiesto que “el Gobierno nacional está dando continuidad a la repudiada aprobación de la llamada Ley Antiterrorista, con una jefatura del Ejército a la medida de la aplicación de esa ley que introduce las herramientas de un estado de excepción contra las libertades democráticas”.

Y previene: “No se puede soslayar que el nombramiento del cuestionado Milani se produce en un marco de crisis de fin de ciclo del Gobierno y de una aguda descomposición de los aparatos de seguridad, y en un marco donde arrecian los reclamos populares contra la carestía y el ajuste sobre las condiciones de vida, lo que constituye, a juzgar por la experiencia, una clara señal de reforzamiento del aparato represivo del Estado, en momentos de crisis económica y política, que será oportunamente utilizado contra los reclamos del movimiento popular y los trabajadores”.

Recolección de firmas

A su vez, el Comité Nacional de la Juventud Radical, encabezado por su presidente, Leandro Lobato, impulsa una campaña de recolección de firmas que llamó “30 mil veces fuera Milani” para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional “la destitución y correspondiente pase a retiro del jefe del Ejército Argentino”.

Entre las apoyaturas de la iniciativa destacan que “el proceso que comenzó el 24 de marzo de 1976 es sin lugar a dudas el comienzo del terrorismo de Estado más cruel y doloroso de la historia de nuestro pueblo” que resultó en “la violación sistemática de los derechos humanos, la desaparición forzada de personas, la tortura, la persecución, la cultura del miedo, el robo de bebés y los más de 30.000 desaparecidos, por lo cual todavía reclamamos Memoria, Verdad y Justicia”.

Refieren luego que “la apertura democrática de la mano del doctor Raúl Alfonsín llevando a cabo el Juicio a las Juntas Militares, la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) y posterior informe del Nunca Más entregado por Ernesto Sábato al por entonces presidente de los argentinos, sumado a la derogación de la Ley de Amnistía General, han sido base fundamental para la búsqueda y descubrimiento de la Verdad”.

Advierten asimismo que “lamentablemente, el Gobierno nacional ha perdido una línea en la lucha por los derechos humanos, ascendiendo al grado de general a César Milani [y designándolo] como jefe del Ejército Argentino estando acusado, con importantes elementos probatorios, de delitos de lesa humanidad”.

Después de detallar esos elementos, convocan “al pueblo argentino a repudiar” al nombrado militar sumándose a la campaña de firmas que impulsan “como una forma más de acercarle a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la racionalidad que implica predicar con el ejemplo de la coherencia y acabar con este retroceso que es una mancha oscura en la historia democrática de nuestro país”.