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TRAS CARTÓN   La Paternal, Villa Mitre y aledaños
 29 de marzo de  2024

Diciembre 2011

EL CONFLICTO DOCENTE EN LA CIUDAD

¿Haciendo escuela?

Por Haydée Breslav


La Legislatura sancionó la ley que modifica el Estatuto del Docente, reemplazando las Juntas de Clasificación por un organismo que dependerá del Ministerio de Educación. A pesar de que maestros y profesores manifestaron su oposición de distintas maneras, el tema no pudo instalarse con fuerza en la opinión pública. A continuación se resumen algunos de los argumentos esgrimidos por los impulsores de la modificación para fundamentarla, así como los empleados por los docentes para rechazarla; en este último sentido incluimos una entrevista a uno de los más activos gremialistas.

 

En la madrugada del viernes 2 de diciembre último, prolongación de una jornada atravesada por violentos incidentes, la Legislatura de la Ciudad Autónoma aprobó en general y particular por treinta votos a favor, veintisiete en contra y tres abstenciones, la ley que modifica el Estatuto del Docente.

La flamante norma establece la creación de la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (COREAP) en reemplazo de las Juntas de Clasificación Docente. El nuevo organismo tendrá a su cargo la inscripción, clasificación e instrumentación de los concursos y estará integrado por una terna designada por el Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Se crean asimismo las Juntas de Clasificación y Seguimiento de Concursos Docentes, que contarán con miembros nombrados por el Ministerio de Educación y representantes de los docentes, con mayoría de estos últimos, y que tendrán por función la fiscalización de los listados elaborados por la COREAP.

 

Primera iniciativa

Se cerró así la etapa iniciada hace dos meses, cuando los diputados Victoria Morales Gorleri (presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura) y Enzo Pagani, ambos del Pro, presentaron un proyecto de ley que planteaba modificar el Estatuto del Docente. La iniciativa, que contó con el acompañamiento de siete diputados de esa fuerza política y con el de Juan Pablo Arenaza, de la Coalición Cívica, apuntaba entre otras cosas a reemplazar las Juntas de Clasificación Docente por una Oficina Única de Clasificación Docente (OUCD) que tendría a su cargo “la inscripción, clasificación, concurso y designación de los aspirantes a titulares a los cargos docentes”.

En un párrafo de los fundamentos se considera que “el sistema de inscripción, selección y designación de los docentes en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra colapsado y, a pesar de las múltiples titularizaciones que han intentado resolver los conflictos, se hace imperiosa la necesidad de simplificar y agilizar soluciones que favorezcan la calidad educativa de los alumnos y la pronta estabilidad laboral de los docentes”.

Reafirmando esos conceptos, voceros del Pro manifestaron en la oportunidad que “el sistema compuesto por 14 juntas no está funcionando correctamente, viene postergando la titularización de docentes y es demasiado burocrático”. En ese sentido, remarcaron que “existen miles de docentes que aún no han podido titularizarse precisamente por los inconvenientes en el funcionamiento de las juntas que son defendidas por los sindicatos docentes”.

Así, expresaron, “el Pro busca ‘modernizar’ el sistema con una oficina única, pero que sea supervisada por una junta en la cual participarán representantes docentes electos por sus propios pares”. E insistieron en que “no habrá elección a dedo, no habrá inconvenientes para maestros y profesores, no habrá cercenamiento sindical y siempre estará defendida la educación pública buscando las mejores condiciones de progreso para los docentes”. En palabras de Enzo Pagani, “los propios maestros serán los que observen los beneficios de esta modernización de la ley cuando se ponga en práctica”.

 

Rechazo docente

Sin embargo, la iniciativa provocó el fuerte rechazo de amplios sectores docentes (cuyas razones quedan expuestas en otro lugar de esta nota), los que participaron en asambleas, paros, movilizaciones y distintas actividades para informar a la comunidad de los alcances del proyecto y de las graves consecuencias que, a juicio de esos docentes, su aplicación tendría sobre la educación pública.

A esos efectos, la Asamblea de Docentes del Distrito Escolar 8º elaboró un trabajo donde se explica, entre muchas otras cosas, que el Estatuto del Docente de la Ciudad, vigente desde 1986, fue el resultado de “jornadas institucionales de debate con la participación de todos los establecimientos educativos”, que “se trató de una forma democrática de armar un proyecto y donde lo principal fueron los docentes y sus resoluciones de asamblea” y que se lo pretende modificar “sin debate ni consulta a los docentes y a pesar del rotundo rechazo” que estos manifestaron a la propuesta.

Asimismo, los representantes gremiales mantuvieron cuatro reuniones con el ministro de Educación, Esteban Bullrich.

“Esta lucha que están desarrollando los maestros y profesores de Capital Federal es justa y necesaria, no sólo para que se mantenga una conquista que exigió mucho esfuerzo de la docencia sino para garantizar el derecho del pueblo a la educación, porque digitar la designación de docentes y los ascensos y traslados es poner la educación al servicio de los intereses más mezquinos de la política de turno”, expresó la histórica referente Marta Marucco (ver “Una charla y un festival” en pág. 5).

 

En la Legislatura

En tanto esto sucedía, en la Legislatura se perfilaban dos tendencias bien marcadas: la oficialista, que procuraba la aprobación del proyecto, y la opositora, que trataba de que se archivara; ambas, bastante parejas en número. Así las cosas, el diputado Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) presentó un “proyecto superador” que a la postre se consensuó con el del Pro para elaborar el que finalmente se votó en la madrugada del viernes, y que contó también con aportes del peronista de Encuentro Porteño Diego Kravetz.

La jornada anterior, consagrada al tratamiento del proyecto en el recinto, transcurrió en un clima que no fue precisamente apacible.

“Cerca del mediodía un centenar de barrabravas irrumpió violentamente en la Legislatura sobre Hipólito Yrigoyen, con el propósito de romper el abrazo simbólico que estaban llevando adelante los maestros y permitir el ingreso de los legisladores del Pro armando una suerte de corredor. Con cadenas, facas y otros objetos contundentes agredieron a los docentes hasta lograr dispersarlos hacia Diagonal Sur”, refirió Jorge Adaro, secretario gremial de Ademys.

Y prosiguió: “La sesión –que había sido convocada para las15:30 y demoró su inicio por la falta de acuerdo para consensuar las posiciones hasta prácticamente el final– recién comenzó pasadas las 19:30 en una Legislatura absolutamente militarizada, donde el control de la seguridad interna estuvo a cargo de la Policía Metropolitana”.

“Dentro de la Legislatura hay personas sin uniforme de seguridad, no identificadas, que amedrentan y maltratan a los asesores y al personal que intenta entrar a su lugar de trabajo”, denunció por su parte la diputada Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos) y describió: “El clima dentro de la Legislatura es de estado de sitio, no se puede entrar ni salir, sin someterse al maltrato de este grupo de personas que no se sabe de dónde salieron ni a quién responden”.

A su vez, el Pro denunció que cuatro diputadas de ese partido fueron objeto de agresiones. “Las legisladoras Victoria Morales Gorleri, Carmen Polledo, María Eugenia Rodríguez Araya y Raquel Herrero fueron agredidas con puntapiés, golpes y empujones cuando ingresaban a la Legislatura por grupos de manifestantes que se concentraban en las afueras de ese edificio. Luego de los episodios de violencia, las diputadas recibieron muestras de solidaridad de parte de legisladores de su bloque y de otras fuerzas políticas”, expresaron voceros del referido partido.

El debate fue arduo y tuvo fuertes cruces verbales; además, se dio el muy poco frecuente hecho de que en el momento de la votación los sesenta diputados estuvieran sentados en sus bancas. Por la afirmativa se pronunciaron todos los integrantes del bloque del Pro; los de la Coalición Cívica, a excepción de Rocío Sánchez Andía, y Mónica Lubertino, de la Unión Federal (denarvaísta). Votaron por la negativa todos los que en su momento pertenecieron a Proyecto Sur, los kirchneristas, ibarristas, peronistas, radicales y sabatellistas; el socialista Julián D'Angelo; el diputado del GEN Martín Hourest y la mencionada diputada de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía. Se abstuvieron Daniel Amoroso, de la Unión Federal, y Raúl Fernández y Diego Kravetz, de Encuentro Porteño.

“Ahora vamos a comenzar la implementación del sistema; queremos que empiece a funcionar el año que viene y creo que los beneficios se van a empezar a ver rápidamente, sobre todo en términos de la eliminación de mucha de la burocracia que existía y hacía muy lento el trámite”, anunció el ministro Bullrich en declaraciones radiales.

 

 

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