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 22 de julio de  2018
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Time Warp: ahora apartan a Casanello

Time Warp: ahora apartan a Casanello

El juez Sebastián Casanello, que tenía a su cargo la investigación por las muertes en la fiesta electrónica Time Warp, fue apartado de la causa por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

La resolución, suscripta por los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, surgió del análisis del rechazo por parte del nombrado magistrado a ciertas medidas de prueba solicitadas por la defensa de Víctor Stinfale y Walter Santángelo, procesados en la causa.

Recordemos que en la noche del 15 de abril del año pasado se desarrolló en el predio de Costa Salguero una edición local del festival de música electrónica Time Warp, en la que cinco jóvenes resultaron muertos y otros tantos debieron ser hospitalizados en grave estado por haber consumido drogas.

Según informamos en la oportunidad, la investigación se inició el 16 de abril y en un principio se hizo cargo de la causa el titular del Juzgado de Instrucción N° 3, Guillermo Caravajal, con la intervención del fiscal Sandro Abraldes; pero no habían pasado veinticuatro horas cuando juez y fiscal, a instancias de este último, se declararon incompetentes y la causa pasó a la justicia federal, recayendo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, con la intervención del fiscal Federico Delgado.

A solicitud de este último, Casanello ordenó la detención de Stinfale, acusado de ser uno de los organizadores de la fiesta a través de la empresa Energy Group, proveedora del agua mineral y de la bebida energizante que allí se vendieron, y de Santángelo, accionista mayoritario de esa sociedad.

Sin embargo, a principios de julio del año pasado la Cámara dispuso la excarcelación de ambos y de Adrián Conci, presidente de la empresa Dell Producciones, organizadora de la edición local de Time Warp; Maximiliano Ávila, apoderado de esa firma; Carlos Garat, miembro de Dell Producciones y responsable del plan de evacuación de la fiesta; Carlos Penise, encargado de los accesos al lugar, y Martín Gontad, uno de los organizadores de la fiesta, también detenidos por Casanello. Todos ellos continúan procesados.

Como también informamos, a fines de marzo último ese tribunal dispuso apartar de la causa al fiscal Delgado. Al igual que ahora, la resolución fue suscripta por los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, quienes en aquella oportunidad hicieron lugar a la recusación planteada por la defensa de Stinfale, que había denunciado falta de objetividad por parte del fiscal. Fue así como su colega Ramiro González tomó intervención en la causa, a cuyo frente continuó Casanello.

Por su parte, las defensas de Stinfale y Santángelo adoptaron la estrategia de solicitar una serie de pruebas de descargo: Casanello accedió a algunos de esas diligencias y rechazó otras.

Al analizar el recurso de apelación presentado con relación a uno de estos últimos casos, los camaristas expresaron que “el juez no hizo lugar a la producción de ciertos testimonios e informes requeridos, tácitamente, pues ninguna consideración concreta formuló para sustentar su rechazo y la distinción efectuada con otros requerimientos que sí fueron receptados”.

“La resolución dictada es entonces arbitraria y resulta, por tanto, inválida por ausencia de fundamentación”, manifestaron, y advirtieron que “idéntico motivo llevó a nulificar pronunciamientos anteriores que adolecían de igual defecto”.

En ese sentido, Farah e Irurzun recordaron que en varias oportunidades llamaron “muy concretamente la atención sobre la omisión de producir medidas típicas de la etapa de instrucción directamente relacionadas con el objeto procesal”.

Así, señalaron que “la determinación del origen de la/s sustancia/s ingerida/s por las víctimas y de las circunstancias que habrían causado o concurrido a causar los resultados de lesión o de muerte en cada caso era un deber funcional del instructor”, no obstante lo cual “las directivas impartidas en algunos casos han sido desoídas o solo parcialmente observadas con un evidente retardo”.

Detallaron que “se ordenó ahondar sobre el hermano de Lautaro Crespo [supuesto dealer, procesado en la causa por comercio de estupefacientes] y su vínculo con la comercialización de drogas en el evento que a este se le reprochó, pero esa línea no fue encarada y el expediente conexo fue archivado; se dispuso profundizar en la denunciada connivencia entre el procesado Claudio Iacobaccio [gerente de Eventos Masivos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC)] y los organizadores, pero el entrecruzamiento abarcó solo parte de las líneas telefónicas cuya utilización se le atribuye; se instó a indagar en cuanto surgía de determinadas declaraciones del personal subalterno de la policía adicional respecto de la actuación de instancias superiores mas ello no se realizó; se resaltó la necesidad de incorporar el testimonio de las víctimas lesionadas y aún una está pendiente; también las de su entorno, particularmente de las víctimas fallecidas pues solo de ese modo podrían conocerse las circunstancias previas y concomitantes a su descompensación, sin embargo la directiva ha tenido un cumplimiento limitado y contradictorio” y que “se encomendó recabar los antecedentes médicos de las víctimas para que, al igual que el resultado de muchas de las medidas apuntadas, estuvieran a consideración de los profesionales intervinientes en el peritaje en curso y estos a la fecha no se han reunido”.

Sostuvieron que “frente a este cúmulo de situaciones, la declaración de la nulidad de un nuevo acto del proceso torna necesario el ejercicio de la facultad de apartamiento prevista en el ordenamiento ritual”, y anunciaron que “en consecuencia, corresponderá ya al nuevo juez interviniente emitir un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión en debate”.

Advirtieron por último que “teniendo en consideración las cuestiones indicadas por la Sala en esta y anteriores intervenciones en el expediente, deberán adoptarse todos los recaudos necesarios para completar los aspectos pendientes de esta investigación con la mayor diligencia y celeridad”.

En abril del año pasado, a propósito de la tragedia de Costa Salguero, destacamos que “fueron funcionarios del Poder Judicial los que asumieron, e incluso monopolizaron, la producción de hechos de fuerte impacto mediático”.

Dijimos también: “En medio de este bullicio tribunalicio, que podría inducir a pensar cuánto y qué bien trabajan jueces y fiscales, no estaría de más considerar que compete a estos funcionarios lograr que los casos lleguen a juicio, y que en nuestro país las estadísticas indican que de cien delitos que se investigan menos de uno llega a condena”.

Y nos preguntamos qué pasaría “cuando la vertiginosidad de la información desplace a los hechos de Costa Salguero de la primera plana de los medios”.  

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