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Desde las Comunas 11 y 15 de la Ciudad de Buenos Aires
 20 de agosto de  2018
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Represión en el subte: pedido de informes

Represión en el subte: pedido de informes

En su última sesión, la Legislatura de la Ciudad Autónoma aprobó un pedido de informes al Ejecutivo local para que en el término de 30 días comunique a ese cuerpo colegiado “qué organismo emitió la orden de intervención policial” el martes último en “la estación Las Heras de la línea H del transporte público subterráneo”, explicite “cantidad de efectivos y móviles afectados al operativo” e incorpore “detalles de procedimientos, horarios, detenciones producidas y cualquier otro detalle que se considere de importancia”.

La discusión del tema había sido acordada en la reunión de labor parlamentaria del día anterior, en la que los representantes de Unidad Ciudadana, el Frente de Izquierda y los Trabajadores y Autodeterminación y Libertad pidieron el tratamiento sobre tablas de sendos proyectos alusivos y el presidente de la bancada oficialista, Agustín Forchieri, aceptó la habilitación del debate.

Fue así como llegó al recinto una iniciativa  suscripta por Carlos Tomada, actual presidente del bloque de UC, que contaba con el apoyo de otros de la oposición, en virtud de la cual se pedía al Ejecutivo que en un plazo máximo de 30 días informara sobre distintos “puntos vinculados con la represión desplegada por efectivos de la Policía de la Ciudad contra un grupo de trabajadores del Subte en la línea H”.

Por su parte, el legislador oficialista Eduardo Petrini pidió la palabra y propuso el texto que finalmente fue aprobado por 46 votos a favor de Vamos Juntos, Suma +, Bloque Peronista, Partido Socialista y Gen y 13 en contra de UC, FIT, PTS y AyL.

En cambio, la iniciativa de Tomada no alcanzó los votos suficientes, como así tampoco las de Gabriel Solano (FIT), quien presentó un proyecto de declaración de “repudio a la represión que el Gobierno de la Ciudad ejerció contra los trabajadores del subte” y otro de resolución para citar al ministro de Seguridad, Martín Ocampo, a fin de que diera respuesta “en relación a la militarización de línea H, represión con balas de goma y detención de delegados y trabajadores en el marco del legítimo ejercicio del derecho de huelga”.

El debate
El debate fue presenciado por una delegación de Metrodelegados encabezada por su titular, Roberto Pianelli, que se ubicaron en las gradas, desde donde manifestaron de distintas maneras su desaprobación a las expresiones de los legisladores oficialistas y de sus ocasionales aliados.

La discusión, áspera y por momentos enconada, empezó con la intervención de Fernando Vilardo (AyL), quien expresó su “más enérgico repudio a la detención y represión de los trabajadores del subte”, que “representa un ataque a la huelga de los trabajadores” y no se trata de “un hecho aislado”, sino que “es parte de la política de ajuste que viene realizando el Gobierno desde que asumió”. 

Y prosiguió: “Nos hablan de achicar los gastos, pero no lo hacen pensando en dejar de pagar la deuda externa, sino que siempre van por los trabajadores”. Dijo también que “los usuarios no son rehenes de la huelga, sino que son rehenes de las responsabilidades del Gobierno y Metrovías”.

Seguidamente, Solano también manifestó su “máximo repudio a la represión ejecutada de manera planificada por el Gobierno de la CIudad contra los trabajadores del subte”. 

Consideró que “no cabe duda de que fue una medida planificada con varios objetivos; el primero de ellos, hacer pasar una paritaria ruinosa a los trabajadores del subte”, a sabiendas de que si estos “van a romper el techo paritario, se abre una situación para todo el movimiento obrero argentino”. 

Opinó que “también quieren destruir las condiciones de trabajo que los compañeros del subte lograron con grandes medidas de lucha” y que “el Gobierno eligió pactar con la burocracia sindical”. 

Señaló en este sentido que “se denuncian muchas mafias, se denuncia muchas veces a la corrupción, pero no vemos denunciar a la mafia de la UTA porque firma el 15%”. 

Por último, planteó que “en la Argentina, o gana el FMI o ganan los trabajadores”, denunció que la Legislatura “es cómplice de la represión del jefe de Gobierno y del pacto con la burocracia de la UTA” y enfatizó que “necesitamos un plan de lucha nacional y un paro inmediato frente a todos los agravios que sufre el movimiento obrero”. 

A continuación, Patricio del Corro (PTS) estimó que resulta “indignante escuchar al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, diciendo que los trabajadores no tienen legalidad para ir al paro y que no pueden pedir paritarias”.

Mencionó que el Gobierno firmó con la UTA por “el 15% cuando la inflación va a estar por encima del 30” y que “la paritaria que se dio el ministro es de 35% interanual”, y fustigó: “Claro, a los trabajadores no más del 15% o el 12; él, que gana 166.000 pesos, se dio una paritaria del 35%. ¡Hipocresía pura!”.

Subrayó que “los trabajadores eligieron cómo organizarse y [el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez] Larreta no tiene ningún poder para decidir qué sindicato es legal y cuál no”, y declaró que “aquí los que están en la ilegalidad son los de Metrovías y el Gobierno de la Ciudad, que hacen negociados truchos y se los hacen pagar a los trabajadores”.

La réplica estuvo a cargo de Ariel Álvarez Palma (VJ), a cuyo juicio “lo que pasó estuvo al margen de la ley” pues “la interrupción por la fuerza de un servicio público no es solo una huelga”.

Y prosiguió: “Tenemos que reflexionar como legisladores y como personas que viven en un sistema democrático bajo un mismo pacto social. No podemos vivir al margen de la ley; un país al margen de la ley es un país que no tiene futuro ni una base sólida sobre la cual construir. Podemos discutir leyes, salarios, contratos; pero lo que no podemos es ignorar la ley y la justicia”.

Consideró asimismo que “el martes prevaleció el interés particular y se tomó de rehenes a más de un millón de pasajeros que quedaron varados, muchos trabajadores perdieron el presentismo, ciudadanos perdieron turnos médicos y familias enteras estuvieron complicadas para llevar a sus hijos a la escuela”.

A su turno, Tomada afirmó que “es una mentira grave decir, como lo hizo Rodríguez Larreta, que en la Argentina hay sindicatos ilegales” porque “los trabajadores del subte tienen legitimidad política y jurídica para sentarse a discutir en una mesa de negociación" y que “no es cierto que no puedan reclamar o llevar adelante medidas de fuerza”, puesto que “su inscripción gremial se lo permite”. 

En cuanto a su rechazo a las solicitudes de personería de los metrodelegados durante los doce años de su gestión como ministro de Trabajo y la final aceptación quince días antes de que el anterior gobierno concluyera su mandato, los mencionó pero arguyó que “esa no es la cuestión”.

“Lo importante”, subrayó, “es que hay un conflicto para resolver y el Gobierno no se hace cargo. La primera y única medida no puede ser la represión. Deberían llamar al diálogo que tanto se pregona desde todas las instancias de gobierno”. 

En su defensa de los metrodelegados, manifestó que “vienen reclamando hace tiempo, y con diversas estrategias mucho menos disruptivas y progresivas, como la apertura de molinetes, para que el Gobierno porteño los cite a resolver el conflicto provocado por la empresa”, pero “nunca fueron escuchados y han sufrido diversos ataques, como suspensiones y otros castigos”.

A su vez, la intervención de Daniel Presti (VJ), presidente de la Comisión de Justicia, no contribuyó precisamente a sosegar el debate. El legislador no ahorró críticas al gobierno anterior; sostuvo que “nos llevaron al abismo y ahora nos quieren dar clases de cómo hacer las cosas”, y se preguntó: “¿Qué hicieron en los últimos doce años? ¿Por qué no nos dan sus formulas?” Refirió que “todos estos personajes, por no llamarlos de otra forma, están procesados y con causas en su contra”, destacó que “dejaron un Estado con un déficit histórico” y aseguró que “no tienen la cara de piedra, tienen la cara de roca”.

En ese contexto, agregó: “Qué nos vienen a hablar de represión, represión era la de los milicos. El personal policial tiene la obligación de intervenir y hacer cesar a los que estén cometiendo in fraganti delitos”.

Finalmente, exhortó a los trabajadores a que “cumplan la ley, hablen menos y trabajen más, no tomen de rehenes a los usuarios del subte y no hagan abuso de derecho”.

Le replicó Santiago Roberto (BP), quien admitió que “es difícil no entrar en la provocación”, recordó que “muchos hemos sufrido la represión” y pidió al oficialismo que tratara “con respeto a todos”.

Así, recalcó: “Nosotros no tenemos cara de piedra y defendemos con todas nuestras fuerzas, desde este bloque, a los trabajadores del subte y manifestamos nuestro repudio a la represión a la que fueron sometidos por ejercer su derecho a huelga”.

Dijo también que “la única forma de aplicar este plan económico de hambre y entrega es pegando, reprimiendo a los trabajadores, los sindicatos y a los movimientos sociales” y que “este conflicto no se soluciona con palos, se soluciona con el diálogo”.

En los tramos finales, Roy Cortina (PS) observó que “lo que sucedió el otro día en el subte y en la ciudad fue grave, pero no solo por los detenidos, las balas de goma y las corridas”, sino porque hay por parte del gobierno local y nacional “una grave incomprensión de la vida real y por tanto un diagnóstico equivocado”.

Explicó que “en un país con tanta fragilidad y precariedad, se argumenta, para reprimir a los metrodelegados, que no tienen personería gremial cuando todos saben que obtenerla no es un trámite sino que es una política, y hay intereses”, y que “estos delegados son representativos, pero se quiere jugar una pulseada formalista en vez de dialogar”.

Por último, Juan Nosiglia (Suma +) precisó que el servicio de subterráneos “se encuentra bajo una concesión prorrogada por un mandato de esta Legislatura en una sesión cuestionada en su legalidad” y que “la ciudad sigue priorizando el transporte automotor sobre el crecimiento y la ampliación de la red del subte porque gran parte de los recursos van a obras como el Paseo del Bajo o la Illia 2”.

Estimó que “esta situación no es nueva y era previsible” y que “el conflicto del subte forma parte de una larga lista de desaciertos del Gobierno de la Ciudad”.

Asimismo, reclamó a Metrovías “la revisión de las sanciones, en el marco de un reclamo que se torna legítimo porque la pauta paritaria acordada quedó desactualizada” y al mismo tiempo reclamó a los metrodelegados “que cambien su metodología de protesta para no perjudicar más a miles de vecinos para quienes el servicio del subte es esencial”.

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