Nuevos códigos prescinden de bañera y bidet
- Por Tras Cartón
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En su última sesión, la Legislatura de la Ciudad Autónoma, por 34 votos a favor de la mayoría oficialista y 24 en contra aportados por las bancadas opositoras, aprobó definitivamente los nuevos códigos Urbanístico y de Edificación.
En consecuencia, a partir del año próximo habrá seis alturas permitidas en toda la ciudad, en lugar de las veintisiete vigentes hasta el momento; la bañadera y el bidet ya no serán obligatorios, como tampoco la vivienda del encargado, y se promoverán los baños públicos unisex, entre otras modificaciones.
La votación se realizó después de sendas audiencias públicas en las que se discutieron los dos proyectos aprobados en primera lectura; en ambas oportunidades, la gran mayoría de los participantes manifestó su oposición a esas iniciativas.
Los proyectos fueron presentados en abril último por el Ejecutivo local y girados a la Comisión de Planeamiento Urbano, que preside la oficialista Victoria Roldán Méndez, y donde se les hicieron distintas modificaciones.
Según la información legislativa, “se trata de dos herramientas normativas clave para determinar cómo crecerá la ciudad en los próximos años”, y en las que “se promueve el uso de nuevas tecnologías, mayor sustentabilidad y la perspectiva de género en las futuras construcciones”.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad anotició que el nuevo Código Urbanístico “regula dónde, cuánto y con qué criterios se debe construir”, mientras que el Código de Edificación “establece cómo y con qué materiales”, y que ambos “actualizan normas que ya resultaban obsoletas para la realidad de la Ciudad”.
De acuerdo con esta información, el nuevo Código Urbanístico fomenta que se viva, trabaje y disfrute en un mismo barrio; incorpora por primera vez criterios de sustentabilidad; determina 6 alturas distintas según las zonas, en reemplazo de las 27 actualmente vigentes, y reconoce a las villas como parte de la Ciudad.
En cuanto al nuevo Código de Edificación, la información consigna que “está adaptado a las nuevas tecnologías, promueve la sustentabilidad, busca generar mayor acceso a la vivienda e incluye la perspectiva de género”.
Asimismo, el Gobierno local anunció cuáles son “las diez claves que regirán en la Ciudad a partir de 2019”, cuatro de las cuales se refieren expresamente a los baños porteños.
La primera habla de “seis alturas permitidas en toda la Ciudad”, que “van desde planta baja y dos pisos (9 metros) hasta planta baja y doce pisos (38 metros) como máximo”.
La segunda menciona una “plataforma web para ver los cambios manzana por manzana”, de modo que “los vecinos de la Ciudad podrán consultar online cuál es la altura máxima permitida en su manzana”.
“Adiós a las esquinas enanas”, se titula la tercera, según la cual “las alturas permitidas por manzana se van a equiparar, haciéndolas más homogéneas”, y “ya no existirán lo que se conoce como las ‘esquinas enanas’ y las medianeras descubiertas”.
La cuarta anuncia “más actividades por barrio” y precisa que “en barrios como La Boca, Soldati y Lugano, que hoy presentan algunas zonas que sólo tienen uso industrial, será autorizada la instalación de oficinas y viviendas”.
La quinta consigna que “ya no será obligatoria la bañera” y recuerda que “en el Código antiguo se establecía la obligatoriedad en los baños principales de las viviendas, lo que”, arguye insólitamente, “generaba grandes inconvenientes para personas con movilidad reducida”.
La sexta dice “chau al bidet y al mingitorio”, y manifiesta que “con el fin de ampliar la superficie de los baños, el bidet será optativo en los baños residenciales y el mingitorio podrá ser reemplazado por un inodoro en los baños de comercios e instituciones”.
La séptima promueve los “baños unisex”, y aclara que “en universidad, hospitales, shoppings y comercios no será obligatoria la distinción de los baños por género o sexo”. Dice que “en la ciudad conviven identidades diversas, por lo que la normativa y arquitectura acompañarán esa realidad”. (Esto explica a qué nivel el Gobierno de la Ciudad entiende la diversidad).
“Bienvenido el cambiador al baño masculino”, se titula la octava, que considera que “los cambiadores en los baños masculinos permiten que no solo sean las mujeres las involucradas en las instancias de cuidado de los más chicos, buscando así acompañar la demanda respecto a la necesidad de lograr paridad con el varón en estas tareas”. Dispone además que “todos los locales comerciales de afluencia masiva o de espectáculos con una superficie mayor a 2.000 metros cuadrados deberán contar con baños familiares en cada nivel de acceso público”, que “estarán equipados con un inodoro para menores, un lavabo para menores y otro para mayores, y un cambiador para bebés”.
En virtud de la novena, “la vivienda para el encargado será optativa” y “se podrá reemplazar por un vestuario, generando una baja en el costo de las expensas”.
Por último, la décima establece que “!os lactarios serán obligatorios para todos los edificios públicos y en los establecimientos educativos de nivel inicial e institutos de menores de seis años, cuando asistan menores de un año, a partir de los veinte menores”.
Principales objeciones
Como no podía ser de otra manera, muchos y diversos fueron los argumentos a favor y en contra que esgrimieron oficialistas y opositores durante el arduo y extenso debate previo a la aprobación de ambas iniciativas.
Por su parte, el prestigioso Observatorio del Derecho a la Ciudad, que preside Jonatan Baldiviezo, elaboró al respecto un meduloso y fundamentado Informe, del que transcribimos una síntesis de los principales puntos.
En primer término, el informe puntualiza que “el debate del Código Urbanístico y del nuevo Código de Edificación se inicia con una planificación de la ciudad desactualizada y sesgada, porque se parte de un Plan Urbano Ambiental (PUA), aprobado en el año 2009, elaborado con un diagnóstico de los años 90 y que debía haberse actualizado cada cinco años”.
“A esta situación”, prosigue, “se suma el hecho de que la ciudad carece de un Modelo Territorial” y que “desde 1996, los gobiernos han incumplido con el mandato constitucional de sancionar un Código Ambiental para la ciudad”.
Revela asimismo que “desde sus orígenes, tanto el Código Urbanístico como el de Edificación fueron formulados con y para los desarrolladores inmobiliarios, para su seguridad jurídica y para garantizar futuros negocios”, y explica que estos intereses están reflejados en “el blanqueo inmobiliario y el aumento de la capacidad constructiva que promueven los códigos”, que el Gobierno justifica “basándose en el criterio de inducir un aumento estimativo de la población de la ciudad a seis millones de residentes”.
Así, el Informe prevé que se “profundizará el colapso de los servicios públicos y la crisis habitacional”, además de generarse “el aumento del valor de la vivienda con un mercado inmobiliario absolutamente desregulado”.
Sostiene por otra parte que no se “otorga ninguna respuesta a las actuales deficiencias y necesidades poblacionales en términos de infraestructura de servicios públicos, de espacios verdes, de transporte y de equipamientos básicos de salud y educación” y que tampoco se dan respuestas “sobre cómo equilibrarán estas demandas, que se incrementarán conforme al aumento de la densificación poblacional como consecuencia del aumento de las edificaciones”.
El Informe advierte, además, que no se producirá una disminución del precio de las viviendas, puesto que se “deja absoluta libertad al tipo de viviendas a construir, que en los últimos años la mitad, aproximadamente, han sido viviendas suntuosas” y “tampoco se establece la exigencia de que las construcciones deban tener un uso real y concreto, lo que ha generado que el 10 % de las viviendas de la ciudad se encuentren ociosas”.
Por último, el Informe define que se trata de “un retroceso en cuestiones de protección patrimonial y de accesibilidad”.