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Desde las Comunas 11 y 15 de la Ciudad de Buenos Aires
 22 de noviembre de  2017

30 de noviembre de 2013

EL ACUERDO CON REPSOL

Repercusiones en la Ciudad


Como era de esperar, el acuerdo entre el Gobierno nacional y la empresa española Repsol, a propósito de la reestatización de YPF, ha sido objeto de comentarios por parte de los principales referentes de los distintos sectores del arco político porteño.

Macri: “El Gobierno empezó a reparar un error”

Uno de los primeros en pronunciarse fue el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, quien no ocultó su satisfacción por el acuerdo.

“Lamento haber tenido razón: recordemos que fui el único que hizo una conferencia de prensa para decir que la confiscación de YPF era un disparate, que no íbamos a resolver el problema energético y que además se iba a destruir el nivel de inversión en la Argentina”, dijo en el programa Código Político, que se emite por TN.

Y prosiguió: “Las dos cosas pasaron, por eso han tenido que volver a arreglar, porque el que más necesita inversiones es el sector energético”. Precisamente allí reside, consideró, “uno de los peores problemas que tenemos en términos de futuro, porque nos hemos quedado sin energía propia y recuperarla llevará más de diez años de inversión constante”. Y especificó: “Son más de diez mil millones de dólares por año los que hay que invertir”.

Advirtió asimismo que “el grueso de la política argentina aprobó y avaló una decisión que claramente condenó al país y a todos los argentinos a entrar en el rubro de aquellos que no respetan la ley”, pero observó que “por suerte, el Gobierno ahora giró y empezó a reparar un error y un problema que se inventaron ellos solos y que además no resolvía el tema energético”.

En ese sentido, opinó que no fue muy inteligente “haber importado durante una década a diez y a dieciocho dólares para pagarle dos dólares al que producía localmente” y que, en cambio, hubiera sido “más fácil pagarle seis o siete dólares al que producía gas en la Argentina en vez de importar a diez o a dieciocho, y tendríamos gas de sobra”.

Por último, manifestó que “hay muchas cosas indefendibles en el mundo kirchnerista” y estimó que “si por un momento el Gobierno nacional hubiese pensado en la gente, jamás hubiese confiscado YPF”.

Solanas: “Vamos a impugnar cualquier acuerdo”

Muy distinta fue la reacción del senador electo por la Ciudad Fernando “Pino” Solanas (UNEN), quien expresó su parecer desfavorable a través de una serie de tuits.

“La indemnización a Repsol es una estafa, un acuerdo espurio, antinacional, un robo”, dijo sin medias tintas en el primero.

“YPF fue vaciada por Repsol, por el acuerdo que hizo Néstor Kirchner, que le permitía llevarse el 95% de las utilidades”, recordó en el segundo.

En el siguiente, precisó que “Repsol se llevó 4.500 millones de dólares indebidos”.

A continuación, anunció: “Vamos a impugnar cualquier acuerdo porque acá hay una causa abierta que tiene a su cargo el juez Ariel Lijo por el vaciamiento de YPF”.

Finalmente, denunció: “El vaciamiento fue perpetrado por Repsol y hay responsabilidad de Kirchner en la adquisición del 25% de las acciones por parte de Eskenazi”.

Ramal: “La punta de lanza del ajuste”

Por su parte Marcelo Ramal, diputado electo de la Ciudad por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), elaboró un meduloso trabajo que tituló La reprivatización petrolera, punta de lanza del ajuste, publicado en la página web del Partido Obrero.

Comienza diciendo que “la reestatización kirchnerista de YPF, a expensas de Repsol, ha concluido en otro rescate capitalista en este caso, de la propia Repsol” y observa: “Hace un año y medio, al intervenir YPF, el propio gobierno reconocía asumir el control de una petrolera arrasada. Los K y sus predecesores consintieron que YPF fuera sometida a una descapitalización brutal, donde Repsol –y luego también el ‘amigo’ Ezkenazi– retiraron el 90% de las utilidades obtenidas durante casi una década; en el tendal, quedaron también enormes pasivos ambientales en las regiones petroleras”.

Explica que “el Estado se hacía cargo de una compañía con su patrimonio destruido, y una deuda de 9.000 millones de dólares” y señala que “en vez de resarcir a YPF por este desfalco gigantesco, y a costa de sus responsables, el Gobierno rescatará al vaciador con una compensación económica de, como mínimo, 5.000 millones de dólares en ‘activos líquidos’”.

Puntualiza por otra parte que “la industria petrolera que se beneficia de estos resarcimientos sostiene un régimen salarial plagado de importes en negro y miles de tercerizados, lo que ha dado lugar a las grandes huelgas petroleras en la Patagonia”.

Después de otras consideraciones, pone de manifiesto que “los nuevos acuerdos firmados con grupos petroleros obligan a ‘priorizar el abastecimiento interno’ en relación a la exportación” y advierte: “Pero para que esto no afecte a los monopolios petroleros, los K quieren asegurarles precios internacionales para los combustibles. La ‘soberanía hidrocarburífera’, por lo tanto, pasa por la entrega integral de la renta petrolera a los monopolios internacionales”.

Al respecto, previene: “Los pulpos, sin embargo, exigirán otras condiciones: un peso devaluado para sus inversiones, y la libertad para remitir utilidades, o sea, la remoción integral de las trabas y cepos oficiales. La reprivatización petrolera es la punta del ovillo de un viraje integral de la política económica, en la línea exigida por el capital financiero y la gran burguesía”.

Y denuncia que “el Gobierno diseña una ‘salida’ a la crisis energética costeada integralmente sobre los trabajadores y consumidores, y con vía libre para la depredación ambiental (fracking)”.

 

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