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Desde las Comunas 11 y 15 de la Ciudad de Buenos Aires
 22 de noviembre de  2017

29 de diciembre de 2007

PROYECTO DE LEY, CRÍTICAS Y PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE INFORMACIÓN  

Sigue la polémica por el ABL en la ciudad

El pasado jueves 27 de diciembre, el bloque del Frente para la Victoria de la Legislatura porteña presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto la aplicación de la suba del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).


Al respecto, el diputado kirchnerista Juan Manuel Olmos, quien ya desde la presidencia de la Comisión de Presupuesto se había opuesto a la suba, afirmó: “La presentación de este proyecto tiene que ver con la necesidad de generar un estudio profundo sobre las valuaciones fiscales de los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires y, sobre todo, modificar la iniquidad que este aumento significa para todos los porteños”. Y agregó: “Como hemos explicado en otras oportunidades, el mecanismo carece de rigor técnico, por lo que queda en evidencia que el objetivo de la medida fue recaudatorio y jamás se buscó la justicia fiscal”.
En tanto, el diputado Gerardo Romagnoli (Autodeterminación y Libertad) sostuvo que “es justa la bronca de la gente frente al aumento en las boletas de ABL, y mucho más de quienes creyeron que con Mauricio Macri no habría aumento de impuestos”, pero subrayó que “si el bloque kirchnerista hubiera querido ejercer una oposición efectiva al aumento de ABL no debería haber participado de la comisión especial de legisladores que diseñó el impuestazo”.
Por otra parte, y ante los numerosos reclamos y consultas que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires recibe a raíz del referido aumento, Alicia Pierini, la titular de ese organismo, solicitó al Director General de Rentas del Gobierno porteño que tome medidas urgentes para que personal especializado atienda y brinde asesoramiento a los contribuyentes sobre el alcance y la aplicación de los incrementos dispuestos. En este sentido, la Defensora del Pueblo consideró que, así como existe una obligación ciudadana de contribuir con el Estado, “cada contribuyente tiene derecho a recibir información precisa y adecuada por parte de la administración, para poder conocer cómo se compone el tributo”.

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